Coparmex Hidalgo se pronuncia en contra de reforma energética de AMLO
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo se pronunció en contra de la iniciativa de reforma en materia energética, tras considerar que, en caso de aprobarse, afectaría el costo para los consumidores y limitaría la participación de la industria privada en el sector eléctrico.
El representante del organismo empresarial en el estado, Alberto Paredes Dueñas recordó que el 30 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a la Cámara de Diputados la iniciativa de decreto con la que busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución de México.
Sin embargo, la Coparmex Hidalgo consideró que las modificaciones "son contrarias al bienestar de los consumidores de electricidad" al argumentar que la reforma ocasionaría un suministro de energía de menor calidad y a costos mayores para la población.
Durante su posicionamiento, la cámara empresarial también realizó un llamado al Poder Legislativo para que se haga un debate abierto, para que la ciudadanía pueda conocer las ventajas y desventajas de la reforma.
El representante de la Coparmex agregó que buscarán acercamiento con los legisladores federales de Hidalgo, con el fin de enunciar sus inquietudes y plantear alternativas para crear competitividad energética.
¿DE QUÉ TRATA?
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), la iniciativa en materia energética, que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, limita la participación de la industria privada en el mercado eléctrico mexicano.
El IMCO identificó modificaciones clave en la iniciativa, como la eliminación de los Certificados de Energía Limpia (CEL), así como de la Comisión Reguladora y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los órganos reguladores del sector energético en México.
También cambia el criterio de despacho de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo que, de acuerdo con el IMCO, se traducirá en mayores precios de electricidad absorbidos por los consumidores.
Mientras que la cancelación de permisos otorgados al sector privado, afectaría la certidumbre jurídica de los inversionistas.
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