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• Redacción
• 01 febrero 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó finalmente el cambio más radical a la política energética vigente: una iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en la reforma energética, con lo que pretende establecer como obligación los límites a la generación de electricidad privada y establecer condiciones para la dominancia de mercado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La iniciativa, elaborada para presentarse en la Cámara de Diputados para su análisis y discusión de origen, contiene modificaciones a ocho artículos y cuatro transitorios de dicha ley, que entró en vigor en 2015. Según analistas, el que formara parte del marco legal vigente al momento de la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos (T-MEC) podría desencadenar controversias internacionales si se aprueba su modificación. 

En su exposición de motivos, el titular del Ejecutivo Federal sostuvo que tras la aprobación de la reforma energética durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se impuso un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a privadas, por lo que la CFE quedó obligada a otorgar subsidios a sus competidores y una capacidad productiva sometida a una regulación que privilegia a particulares.

“El sistema del despacho de los generadores eléctricos es uno de los mecanismos destinados a establecer grandes privilegios a la generación privada, con grave perjuicio a la CFE, reformarlo es imperativo”.

Cabe recordar que aunque el actual gobierno se comprometió a no modificar "ni una coma" de la legislación que afecta a la IP, también abandera la promesa de devolver a Petróleos Mexicanos y a la CFE la preponderancia sobre el mercado, aunque ello implique terminar con negocios privados que además en muchos casos son acusados de haberse acordado en condiciones de ventajas otorgadas por gobiernos anteriores.

Entre los cambios más relevantes de la iniciativa está el orden de despacho al que se obligaría al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que como gestor de la red ahora no ponderaría el uso de energía más barata por nodo, sino en primer lugar la energía de las hidroeléctricas de la CFE, seguida por la que se genera en otras plantas de la estatal, la eólica (de privados para intercambio entre ellos o venta a la CFE) y finalmente los ciclos combinados de la CFE, dejando al último las otras renovables, como solar, de privados. 

En cuanto al otorgamiento de permisos de generación, que hoy entrega la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como una obligación (como una licencia de conducir, que toda persona en México tiene derecho a obtener si la solicita) ahora se sujetarán a criterios de planeación de la red y podrán ser negados. 

También se obligará al regulador a regulador a revocar permisos “obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”, y se obligará al gobierno a revisar la rentabilidad y continuidad de los contratos de productores independientes de energía (PIE) que le venden a la CFE. 

En lo que respecta a certificados de energía limpia (CEL) como incentivos a la generación de energía limpia o renovable, todos los que generan en el país podrán obtenerlos, sin importar que sean o no plantas nuevas (que era el objetivo de este incentivo, para la construcción de más infraestructura renovable en el país) y así podrán venderlas a quienes generan mediante fósiles, para que cumplan con sus obligaciones establecidas en la Ley de Transición Energética. Y ligado a este punto, el suministrador de servicios básicos, que hoy es solamente la CFE, no estará obligado a adquirir energía, potencia o CEL únicamente mediante subastas, sino que podrá diseñar sus propios mecanismos. 

Dado su carácter preferente, las y los diputados federales tendrán un plazo máximo de 30 días naturales para discutir y votar la iniciativa y que esta sea turnada al Senado de la República, que cuenta con otro plazo de 30 días.

En caso de que se devuelva a la Cámara de Diputados con modificaciones, la Cámara deberá discutirla y votarla en un plazo máximo de quince días naturales contados a partir de la recepción del asunto.

Derrota judicial da pie a iniciativa

Como explicó Arturo Carranza, analista del sector energético “es una propuesta muy importante” y tal como lo ha reiterado, su aprobación y puesta en vigor obedece a la imposibilidad del gobierno de establecer la política que devuelve facultades exclusivas al Estado a través de mecanismos fuera de la ley, como acuerdos o la nueva política de la Secretaría de Energía, que el poder judicial ha desechado por falta de sustento legal ante los distintos amparos en tribunales de los presuntos afectados. 

Para Ramsés Pech, experto en energía “la generación dependerá de la armonía que puedan tener las plantas del tipo fotovoltaica y eólica, a las líneas de transmisión con base a la factibilidad que el Cenace puede otorgar con base a los estudios indicativos que tienen que realizar, a donde indique un reforzamiento o nuevas líneas, para poder subir lo generado”. 

Y entre los mayores retos están el establecimiento de sistemas de almacenamiento de baterías, ya que el principal problema lo tienen las fotovoltaicas, debido a que entran al sistema por las mañanas y sólo durante las horas de sol, esto ocasiona que ciertas plantas del tipo convencional bajen la velocidad de sus turbinas, para pasar a ser del tipo de respaldo. 

Por tanto, el problema radica ahora en que CFE deberá invertir en sus plantas en forma más eficiente, el cual está contemplado dentro de su plan de negocios, pero dependerá de los recursos financieros que tenga acceso en el mercado y el presupuestó que la nación pueda otorgar. “Además, deberá adicionar que, al no haber inversión en la parte en líneas de trasmisión, en los últimos dos años, esto ocasionará dentro de corto plazo incremento en los costos de la congestión en la estructura del precio de la electricidad”, advirtió el experto.

En materia energética, el presidente López Obrador cumplió lo que afirmó en julio del año pasado en el sentido de que si los cambios administrativos promovidos por su gobierno en política eléctrica no eran exitosos, entonces impulsaría una reforma legislativa.

Prevén ola de amparos

Giro en electricidad crea incertidumbre: analistas

De ser aprobada la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que plantea el Ejecutivo federal, se crearán las condiciones para el retorno del monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), enterrando la competencia y la posibilidad de que la electricidad sea más barata, lo cual inyectará mayor incertidumbre entre los inversionistas en energía renovable y provocar, sin duda, “una cascada de amparos”, consideraron especialistas del sector empresarial.

“Muy seguramente se vendrán amparos en cascada, ya que el despacho de las centrales generadora debe realizarse por criterios claros y precisos, establecidos en la normativa de operación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)”, ya que la iniciativa del Ejecutivo plantea cambiar el despacho para que primero salgan las plantas de CFE, afirmó Mario Canales, consultor en materia energética del sector privado.

Si lo que se plantea en la propuesta de ley es privilegiar a la CFE para que sus unidades sean las primeras en despacharse, “se estarían violentando todos los principios económicos y técnicos que rigen a la industria y, principalmente, enterrando la competencia y, con ello, que la energía eléctrica sea más económica a los usuarios finales”, agregó uno de los asesores que operan en la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Realmente es alarmante la velocidad con la que el gobierno federal ha venido generando iniciativas que lejos de incentivar y ayudar a que el sector privado apoye en ciertos temas de la energía eléctrica, lo que hace es generar mayor incertidumbre tanto a la actual y futura inversión en energías renovables”, opinó Canales.

Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), criticó la iniciativa de industria eléctrica, ya que su espíritu es eliminar en los hechos el mercado eléctrico mayorista a partir de excluir las señales de precio que hacen que el mercado funcione. Esto es, se reserva la compra por subasta o licitación para el suministro básico.

En ese sentido, José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), comentó que de llevarse a cabo la reforma, implicaría que CFE y el gobierno en general tengan libertad, primero de optar por su planeación y sus necesidades financieras, priorizar sus recursos sobre los criterios que en estricto sentido se habían establecidos con la reforma energética que implementó el expresidente de México, Enrique Peña, durante su administración. (Con información de Lilia González)