En Contla mienten con todos los dientes
Y no, no hay revés para el congreso del estado respecto a la destitución de integrantes del cabildo de Contla, es un tema de forma, pero no de fondo en el que la SCJN resolvió un amparo antes de aprobar el dictamen de conclusiones, es decir, el cabildo se amparó aún cuando se estaba en el proceso de documentación e investigación el juicio político por el cual iban a ser destituidos.
Ya la destitución vino varios días después cuando se constituyó la Comisión correspondiente al Juicio Político de los integrantes del cabildo de Contla para su correspondiente destitución.
Y aunque aún falta la resolución de fondo de la controversia constitucional promovida y el juicio de amparo en mención, todo indica que la SCJN otorgará la razón al congreso del estado, toda vez que el Ayuntamiento de Contla no es nadie para destituir a un presidente auxiliar que fue electo por voto popular, atribución que sí le corresponde al congreso.
Esto es todo un hito en la historia de las destituciones de autoridades municipales, porque se habían destituido sólo a presidentes municipales como el triste caso de Zacatelco en el pasado trienio o el caso de las broncas que no dejaron gobernar al alcalde electo de Xicohtzinco también en el periodo próximo pasado.
Hoy el Congreso de Tlaxcala, destituye a todo un cabildo completo, a toda la mala o malísima administración municipal de Contla de Juan Cuamatzi, a su presidenta o a su peor síndico, ya ni mencionar al resto de regidores, pero si usted no sabe quienes son, aquí le enlisto enseguida a los susodichos:
Presidenta Municipal, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi; Síndico Municipal, Gilberto Flores Maldonado; Regidores, Marian Elena Pérez Nava, Zuleyma Abigail Cuamatzi Netzahual, Mariana Stephany Xochitemol Peña, Yadira Bernal Pérez, Rogelio Xochitemol Cuatecontzi, Joselyn Natzhual Yautenzi, Hilda Felicitas Xochitiotzi Cocoletzi.
La desesperación suele ser mala consejera en política pero vamos, estamos hablando de Contla y peor aún cuando se intenta disfrazar una derrota jurídica como si se tratara de una victoria procesal en la cual hay un abismo de diferencias.
Resumido rápido y fácil: Contla tuvo una victoria, pero no ganó la guerra.
La falsedad de la versión difundida por el Ayuntamiento en las últimas horas con las interpretaciones sesgadas y difundidas por quienes no se toman la mínima molestia de preguntar (No se diga investigar, no saben) y donde algunos actores han pretendido vender la idea de que la controversia constitucional y el juicio de amparo promovidos ante la justicia federal representan un revés para el Congreso del Estado, en la realidad jurídica todo apunta exactamente en sentido contrario.
Lo primero que debe quedar claro es que ambos recursos fueron presentados antes de que el Poder Legislativo concluyera el procedimiento de juicio político. Es decir, cuando los tribunales federales conocieron del asunto, sabían perfectamente que el proceso seguía en marcha y aun así nunca ordenaron detenerlo.
Lejos de suspender la actuación del Congreso, permitieron que continuara hasta su conclusión (porque ese es el camino legislativo, por Ley pues y se tenía que agotar), reconociendo implícitamente que la soberanía legislativa conservaba intactas sus facultades para resolver el expediente.
Esa circunstancia desmonta buena parte de la narrativa construida por quienes buscan sembrar dudas sobre la legalidad de la decisión tomada por los diputados.
Si hubiese existido una violación evidente al procedimiento o una invasión flagrante de competencias, lo primero que habría ocurrido sería la paralización del acto reclamado, pero eso no sucedió.
El Congreso siguió adelante porque jurídicamente podía hacerlo y porque ninguna resolución federal le indicó lo contrario.
Lo que existe actualmente es una limitación exclusivamente relacionada con la ejecución de la sentencia, una situación completamente distinta a la validez del procedimiento legislativo.
Dicho de otra manera, los tribunales revisarán si la determinación adoptada por el Congreso se ajusta o no al marco constitucional, pero mientras ese análisis ocurre, nadie puede sostener seriamente que la resolución legislativa fue anulada, revocada o siquiera cuestionada en su legalidad por alguna autoridad jurisdiccional.
La diferencia es técnica, pero políticamente resulta enormemente distinta.
Durante años algunos actores han apostado por confundir a la opinión pública haciendo creer que la simple admisión de un amparo equivale a obtener la razón. No es así. Los jueces admiten recursos para estudiarlos, no para anticipar sentencias.
Convertir un trámite procesal en una victoria política es una vieja práctica que suele funcionar en los discursos, aunque rara vez resiste una lectura seria de los expedientes.
Por eso el comunicado emitido por el Congreso no solamente resulta pertinente, sino necesario frente a versiones que intentan construir una realidad paralela, la precisión jurídica adquiere valor político.
La Legislatura cumplió con el procedimiento, agotó las etapas previstas por la ley y emitió una resolución dentro de sus facultades constitucionales. Esa parte del debate, guste o no a los involucrados, se encuentra jurídicamente resuelta.
Lo que sigue ahora corresponde exclusivamente al Poder Judicial Federal. Pero una cosa es esperar la resolución de fondo y otra muy distinta pretender que dicha resolución ya existe.
En Contla algunos parecen celebrar una victoria que todavía no ocurre, nomás acuérdense que del plato a la boca, se cae la sopa.
El problema es que los expedientes no se resuelven con boletines, ni con declaraciones, ni con campañas de victimización. Se resuelven con derecho.
Y hasta este momento, el derecho le ha permitido al Congreso hacer exactamente lo que hizo.
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