• Opinión

• Redacción
• 21 abril 2026

EL VARGUITAS DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO

En San Miguel del Milagro hay una intentona clara de imponer un cacicazgo, el de Alfonso Benítez Sartillo que pretende convertirse en el nuevo “varguitas” del pueblo, uno de esos personajes que creen que la ley es un trámite incómodo y que las reglas pueden doblarse o arrancarse de la Constitución según convenga al momento político.

El problema es que esta vez no se trata de una percepción o de un conflicto menor, sino de hechos que ya fueron revisados por una autoridad jurisdiccional.

La elección por usos y costumbres se llevó a cabo el 29 de diciembre de 2025, y desde entonces quedó marcada por irregularidades que hoy son imposibles de ignorar.

El propio Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), al resolver el juicio ciudadano TET-JDC-015/2026, determinó el 17 de abril de 2026 que no existe certeza sobre lo ocurrido en esa asamblea, debido a versiones contradictorias, actas divergentes y la ausencia de elementos que permitan reconstruir el proceso de votación.

Aunque hay que decirlo con todas sus letras, al TET le dio miedo sancionar a Benítez Sartillo por contar con un historial gangsteril, que opera con coaccionando con dinero o amenazas de violencia contra quién no está de su lado.

A ese tipo el TET le tuvo miedo.

Dicho en términos simples, la elección no se pudo validar según el TET porque no hay forma de saber realmente qué pasó.

Pero ese vacío no surge por casualidad, se construye cuando a alguien se le mete la idea de que puede hacer lo que le venga en gana.

En este caso, los señalamientos son claros, el control de la asamblea se perdió, el libro de registro —pieza clave para dar legalidad a la elección— salió del cauce institucional y terminó siendo utilizado como instrumento para una autoelección escrita de puño y letra de Alfonso Benítez Sartillo; eso no es una irregularidad menor, es la violación deliberada de un proceso comunitario.

A partir de ahí, lo que siguió fue una lógica conocida en este tipo de intentos de imposición: Presión, amenazas, cooptación y ofrecimiento de dinero para alinear voluntades.

No es la comunidad decidiendo, es una estructura empujando el resultado y cuando eso ocurre, no estamos frente a usos y costumbres, estamos frente a una simulación.

El Tribunal hizo lo que correspondía y anuló la elección, ordenando reponer el proceso mediante una nueva asamblea que garantice condiciones de certeza y seguridad, sin que haya habido eco de los cientos de “medios de comunicación” con presencia en la entidad tlaxcalteca.

Sin embargo, la resolución también deja abierta una discusión sobre las responsabilidades, porque una cosa es repetir la elección y otra muy distinta es dejar impunes los hechos que la contaminaron.

La legislación es clara, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, establece que los procesos electorales deben regirse por los principios de certeza, legalidad y autenticidad.

Cuando esos principios se vulneran de manera deliberada, se abre la puerta a responsabilidades legales; en el ámbito local, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala retoma estos principios y obliga a que cualquier proceso, incluso bajo usos y costumbres, se desarrolle con garantías mínimas de transparencia y certeza.

La pregunta que dejaría en el aire es ¿Dónde ha estado el avestruz llamado Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE)?, ¿Sigue de vacaciones de las elecciones judiciales donde era más importante joder a medios de comunicación que fiscalizar el gasto de recursos de candidatos en eventos o en los famosos acordeones?

Más aún, el Código Penal para el Estado de Tlaxcala contempla sanciones para conductas que atenten contra la libertad del sufragio y la legalidad de los procesos electorales, incluyendo la coacción del voto, la alteración de documentos electorales y la inducción indebida de la voluntad ciudadana. No son faltas administrativas, son conductas que pueden configurar delitos.

Por eso, una vez que se reponga la elección, Alfonso Benítez Sartillo no sólo debería quedar fuera de cualquier intento de legitimación política, debería ser llamado a cuentas.

No por un tema de revancha, sino por una cuestión elemental de legalidad, porque si alguien puede romper un proceso, imponerse y después simplemente volver a competir como si nada hubiera pasado, entonces el mensaje para cualquier comunidad es devastador.

Y en medio de todo esto, el silencio del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones sigue siendo tan grave como incómodo.

Mientras el proceso se descomponía ¿Dónde estaba el ITE?, no hubo una intervención clara ni una postura firme; hoy, con la elección anulada, la omisión pesa más que cualquier argumento técnico.

Porque cuando la autoridad no actúa, deja el terreno libre para que los “varguitas” de turno intenten adueñarse de lo que no les pertenece.

San Miguel del Milagro tendrá que volver a votar, sí, pero el verdadero reto no es sólo repetir la asamblea, es garantizar que esta vez nadie pueda secuestrar la voluntad de la comunidad, y eso implica algo más que organización electoral, implica que quien violentó el proceso enfrente las consecuencias y sea excluido de la elección como candidato.

Porque si no ocurre, el problema no será esta elección, serán todas las que sigan.

EL MARVEL PASÓ DE MAROMERO A CONTORSIONISTA

Lo de Antonio Martínez Velázquez no fue una defensa, fue un acto de contorsionismo político que terminó en el suelo.

El coordinador de Comunicación del gobierno estatal quiso salir a “aclarar” el tema del nepotismo y acabó haciendo exactamente lo contrario, exhibirlo, justificarlo y, de paso, normalizarlo con una soltura que insulta la inteligencia de cualquiera.

Porque hay que tener cara para pararse frente al problema y decir, sin rubor, que aquí no pasa nada, que todo es mérito, trayectoria y coincidencia, como si los apellidos en el gobierno fueran producto de la suerte y no de la cercanía con el poder.

La escena es grotesca, un servidor público defendiendo que los familiares no influyen, mientras los hechos hacen fila para desmentirlo en su cínica y mediocre jetota.

No corrigió nada, no explicó nada, no aclaró nada, lo que hizo fue abrir la puerta de par en par y decir, sí, están, pero no importa, madréense a la gobernadora como quieran.

Como si el problema no fuera el acomodo, sino la incomodidad de que se note, como si bastara con decir “No es nepotismo por mis ovarios imaginarios” para que mágicamente deje de serlo.

El nivel de soberbia es tan grande en el tal MarVel que ya ni siquiera se esfuerza en disfrazarlo.

Antes, al menos, intentaban maquillar estas prácticas con discursos de institucionalidad, hoy salen a defenderlas sin pudor, con una narrativa tan débil como él sin el cargo, que además se desmorona en cuanto alguien decide escucharla con tantita atención.

Y lo peor no es el argumento, es la soberbia con la que lo sostiene. Como si los tlaxcaltecas fueran una horda de simios que no entienden.

Esa idea de que la gente va a comprar cualquier cosa, de que basta una declaración para reescribir la realidad, de que el poder alcanza para imponer versiones aunque los hechos las deshagan en segundos.

Pero no, no alcanza.

Porque el nepotismo no se disfraza, no se suaviza y no se convierte en virtud por decreto.

El nepotismo es lo que es, uso del poder para beneficiar a los cercanos, punto.

Y cuando el torpe encargado de salir a defenderlo, sólo lo hace para cagarla una y otra vez, ya no queda duda de nada.