• Opinión

• alexgomezmx
• 09 junio 2025

Alex Gómez/#SinReservas.- Por cuarta ocasión en lo que va del proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha requerido a Grupo Monitor para que “aclare” —nuevamente— lo que ya ha respondido con claridad, contundencia y apego a la ley: Que la entrevista colectiva realizada al candidato Johnny Morales Martínez, aspirante a juez de distrito en materia laboral, no fue producto de un convenio, pago, relación política o comercial, sino de una decisión editorial legítima y en ejercicio pleno del derecho a informar.

El INE, convertido cada vez más en brazo inquisidor del régimen en turno, ha intensificado una persecución institucional disfrazada de legalidad.

A Grupo Monitor se le ha exigido ya información financiera, contable, administrativa y editorial, simplemente por cumplir con su función periodística de abrir los micrófonos a candidaturas que no forman parte del guion oficial ni del coro de aplausos.

Esta actitud, su actitud David Ramírez Bernal, encargado (que no titular) de la unidad técnica de inquisición de INE, no es fiscalización: Es acoso sistemático, selectivo y profundamente antidemocrático.

Porque mientras otros medios reproducen sin pudor los mensajes del poder, los que ofrecen contraste, análisis o apertura a perfiles incómodos son acosados, intimidados o cuestionados como si fueran delincuentes.

Y todo por una entrevista

Una sola entrevista a Johnny Morales Martínez, que —por cierto— ha sido, por mucho, el juez más serio, preparado y congruente que ha tenido el estado en su materia.

Morales Martínez no fue el favorito del régimen. Y como no fue el favorito, los reflectores del sistema le fueron negados, y la fiscalización se volvió una herramienta de castigo.

Lo verdaderamente escandaloso no es que el INE requiera información. Lo alarmante es que lo haga después del proceso electoral, con fines claramente persecutorios, cuando el daño del INE a la sociedad ya está hecho y la sospecha ya fue sembrada.

Esto no fortalece la democracia, la debilita, porque convierte a los árbitros en esquiroles del poder, y a los medios en blanco de fuego institucional.

Grupo Monitor lo ha dicho claro, apoyado en jurisprudencia de la Suprema Corte (Que ustedes tanto aborrecen): La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a informar no están condicionados a la simpatía del gobierno ni al control del ITE o del INE. Están protegidos por el artículo 6° constitucional y por precedentes claros como la tesis 1a. XXVII/2011, que reconoce a los medios como actores fundamentales en una sociedad democrática.

El problema es que, en estas elecciones, no hubo democracia. Hubo simulacro. Y como todo simulacro, necesitó silencio para que la farsa se completara.

Grupo Monitor no va a callar. Y si por abrirle el micrófono a un candidato incómodo somos requeridos, fiscalizados y hostigados, entonces que quede claro: La censura ya no se ejerce con amenazas, sino con oficios en papel membretado y tinta institucional.

Por otra parte, la elección más reciente celebrada en Tlaxcala —la inédita elección judicial (2025)— ofrece un contraste revelador sobre el vacío democrático estructural que persiste en la entidad. 

La elección judicial sólo tiene un fondo y es el político, pero una sola mirada social: La desconfianza, la manipulación de estructuras de voto de las que el INE se hizo de la vista gorda y la profunda crisis de representación.

Aquí le tengo datos duros sobre la históricamente pírrica elección organizada por el INE en concurrencia con el Instituto Electoral de Tlaxcala (ITE): Participación mínima, apatía máxima.

En la elección judicial del pasado 1 de junio de 2025:

La lista nominal fue de 1,061,735 personas. La participación ciudadana fluctuó entre apenas el 12.48% y el 13.07%. Es decir, entre 132 mil 513 y 138 mil 824 personas votaron en los distintos cargos judiciales.

Fue tan grande el fracaso de esta elección que en casi todos los casos

los votos nulos por candidato ganador fueron mayores que los votos válidos.

Pero como diría Chonita, “Pero esto hijitos, es otra historia”, de la cual habré de dar cuenta puntual el miércoles próximo, pero mientras tampoco olvide usted que

9 de cada 10 ciudadanos decidieron no votar.

Esta cifra contrasta severamente con la participación en las elecciones ordinarias de 2021, donde Tlaxcala registró una participación general cercana al 53% (más de medio millón de personas). En algunas demarcaciones municipales, la participación superó el 60%.

El discurso institucional vendió esta elección como “histórica” por permitir, por primera vez, que la ciudadanía eligiera directamente a sus jueces y magistrados.

Sin embargo, los hechos demostraron que no hubo verdadera campaña de información: Ni el ITE ni los poderes del estado realizaron una estrategia clara, didáctica ni cercana para explicar a la población qué estaba en juego.

El ITE, por ejemplo, nunca dio a conocer las boletas finales con los números y nombres de los candidatos, Emmanuel Ávila González, pretendió con una entrevista reemplazar la petición de este medio a presentar, exhibir y exponer al escrutinio público las boletas finales de la elección judicial, como si tratara de protegerlas a toda costa de que su fraude electoral se les fuera de las manos de alguna manera, pero ante todo, incumpliendo los principios de equidad, máxima exposición y transparencia, ejes rectores del ITE.

Reitero, los candidatos no tuvieron condiciones de equidad, y muchos fueron desconocidos hasta el último día pero como eran los favoritos del régimen local y nacional, ganaron sin hacer campaña y todo gracias a los “acordeones” institucionales.

Las autoridades electorales han querido cargar contra los medios para responsabilizarnos de la inequidad de su desaseada, engañosa y manipulada elección judicial.

La opacidad de las reglas, el diseño confuso del proceso y la tecnocracia del lenguaje legal alejó aún más al votante común.

El Acarreo, operación de estructuras partidistas, la movilización obligada de empleados municipales y de dependencias estatales confluyeron en el gang bang donde el INE y el ITE fueron los protagonistas en la simulación electoral del 1 de junio.

A pesar del bajísimo porcentaje de participación, los márgenes de victoria entre los candidatos fueron abismales en casi todos los cargos judiciales, más aún, muchos de los supuestos “ganadores” ni campaña hicieron. ¿Cómo se explica esto?

La respuesta está en la cooptación de estructuras clientelares, muchas de ellas heredadas de partidos políticos, sindicatos, agrupaciones judiciales e incluso presidencias municipales y secretarías gubernamentales.

Lejos de ser una elección ciudadana, la jornada mostró indicios de voto inducido, voto corporativo y acarreo disfrazado de participación democrática.

Esto se evidenció en municipios donde grupos afines movilizaron electores en tandas, con “acordeones” y listas previamente armadas y operadores de “convencimiento” —Con billetes en mano—movilizaron activos durante todo el día.

La ausencia de debate público, la falta de fiscalización efectiva y el bajo nivel de escrutinio mediático, permitió que las viejas prácticas de imposición disfrazadas de “democracia participativa” se instalaran sin resistencia.

Nos queda muy claro que quien ganó las elecciones fueron los poderes ejecutivos federal y local.

Es evidente que los nuevos jueces, magistrados y ministros no serán independientes debido a las redes que los financiaron, movilizaron y promovieron.

Tlaxcala vivió una elección judicial que no convenció, no movilizó y no transformó.

La participación ciudadana fue simbólica con un rechazo histórico de casi el 90%, mientras el control del voto operó como siempre: Desde los despachos, no desde las urnas.

Si no se reforman las reglas del juego, no se transparenta el origen de los apoyos y no se desmontan los aparatos de acarreo, la democracia en Tlaxcala y en todo México seguirá siendo eso que ocurre sin la ciudadanía y a pesar de ella.