La fortaleza de nuestras fuerzas armadas

La fortaleza de nuestras fuerzas armadas

Cuando hablamos de seguridad nacional, solemos pedir Fuerzas Armadas fuertes. Pero pocas veces nos detenemos a preguntar qué significa verdaderamente esa fortaleza. ¿Más atribuciones? ¿Más efectivos? ¿Mayor presencia en la vida pública? Ninguna de esas respuestas basta por sí sola.

El debate abierto en Estados Unidos por la reducción anunciada del 20 por ciento de los puestos de generales y almirantes permite mirar hacia México con una preocupación institucional legítima: cómo modernizar el aparato militar sin comprometer su profesionalismo, su misión constitucional y la confianza de la sociedad.

Nuestra Constitución ofrece un punto de partida. El artículo 89 reconoce facultades presidenciales sobre el mando y los nombramientos militares, con los requisitos legales correspondientes. El artículo 129 establece límites a las funciones de las autoridades militares en tiempo de paz. Y el artículo 21, reformado en 2024, dispone que la Guardia Nacional, integrada por personal militar con formación policial, dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Estas reglas muestran que la participación militar en la seguridad pública no puede analizarse únicamente como una cuestión de disciplina y obediencia. También exige preparación policial, respeto a los derechos humanos, coordinación con autoridades civiles y resultados verificables.

Existe un principio especialmente valioso en la legislación mexicana: la Ley de Disciplina del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional sitúa el respeto a la Constitución, la soberanía nacional y la lealtad a las instituciones por encima del interés personal.

Esta disposición encierra una enseñanza democrática. Los gobiernos duran periodos determinados; las instituciones deben servir a generaciones enteras.

Por ello, reorganizar mandos, mejorar salarios, incorporar tecnología o transformar procedimientos puede formar parte de una política responsable. Pero cada cambio debe justificarse por su contribución a la seguridad, no únicamente por su utilidad política inmediata.

La ciudadanía necesita conocer indicadores concretos: preparación de los efectivos, eficacia operativa, transparencia presupuestal, mecanismos de investigación de abusos y controles legislativos y judiciales. Sin evaluación pública, cualquier reforma queda reducida a una promesa.

Desde Por Querétaro Todo planteamos una convicción: reconocer el servicio y sacrificio de nuestros militares es compatible con exigirles responsabilidad institucional, y exigir responsabilidad a sus mandos políticos también constituye una forma de respeto.

México necesita Fuerzas Armadas capaces de proteger a la población, obedecer las leyes y conservar su legitimidad frente a toda la sociedad.

Su fortaleza no depende de su cercanía con un gobierno, sino de su fidelidad permanente a la Nación, también en tiempos difíciles.

 

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