Ley del Garrote en Tlaxcala
En la entrega pasada, dimos cuenta de la falta de operadores y negociadores para contener los bloqueos de transportistas y productores, que demandan el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno federal, pero en Tlaxcala optaron por la Ley del Garrote para reprimir la movilización de los inconformes.
En un tardío, pero muy tardío comunicado, la Secretaría de Gobernación aseguró el domingo pasado que no había razón para las movilizaciones.
Neta, si continúa la inseguridad en la red carretera del país, y los transportistas son víctimas de extorsiones, y que decir de los productores del campo que exigen mejores precios de garantía.
El lunes pasado, el vocero del gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, se rasgo la vestidura al garantizar que se respetaría el derecho a la libertad de expresión, y que no habría violencia ni represión contra los manifestantes.
Uffff, no la chifes que es cantada, entonces quién ordenó que replegarán y reprimieran a los manifestantes en vialidades clave como la carretera federal México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, y el Arco Norte.
Será que el jefe de la policía estatal, Alberto Martín Perea Marrufo, se fue por la libre y consintió esa acción de sus elementos, es pregunta sin ofensa.
Esa represión no se entiende, porqué fue el mismo vocero Antonio Martínez Velázquez, el que se atrevió a decir que la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, reiteraba su llamado al diálogo entre manifestantes y autoridades federales. Situación que muestra una vez más su debilidad para gobernar.
Testimonios de colegas que cubrieron las movilizaciones hay muchos, y videos en las benditas redes sociales más. Es increíble que en las administraciones estatales de Morena, mantengan la política del No Pasa Nada, cuando pasa de todo en sus estados. De acuerdo con testimonios, hay 15 manifestantes lesionados.
A estas alturas del partido, es muy lamentable que el gobierno de Lorena Cuellar Cisneros, haya optado por el uso de la fuerza pública para reprimir una movilización social. Y mire que cuestionamientos sobran, y la indolencia e indiferencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es reprobable.
En ese contexto, la organización política Somos México, recuerda al gobierno federal que la libre manifestación es un derecho constitucional que, para su ejercicio, no requiere permiso de la Secretaría de Gobernación (Segob), y rechaza el uso de la violencia como ocurrió en Tlaxcala, en respuesta a las legales y legítimas demandas de productores agrícolas y transportistas.
Para Somos México, el hecho que la Segob niegue la validez de las demandas y que el Gobierno de Tlaxcala use la violencia para desalojar a manifestantes, aleja toda posibilidad de entendimiento con un sector que lo único que pide es apoyo institucional y seguridad ciudadana.
En ese marco, la secretaría del Campo de Somos MX, Mariana González Torres, rechazó enérgicamente el uso de la violencia: “nos indigna que, mientras el gobierno habla de diálogo, pretenda acallar la voz del pueblo limitando la libre manifestación y recurriendo a la represión”.
González Torres enfatizó que las “exigencias de los productores y transportistas son básicas: seguridad, un alto a la extorsión y apoyos concretos para el campo, que es la base de nuestra economía y nuestra identidad. No es mucho pedir, es justicia”.
Y justicia es la que no hay, para quienes se atreven a manifestarse, para exigir el cumplimiento de acuerdos pactados con las autoridades federales.
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