Negociaciones Secretas de EE.UU. con Narcos: ¿Una Grieta en la "Guerra Contra las Drogas"?
Por Melchisedech D. Angulo Torres
Las recientes revelaciones sobre acuerdos secretos entre agencias estadounidenses y líderes de cárteles mexicanos han desatado una ola de críticas, poniendo en tela de juicio la sinceridad y efectividad de la "guerra contra las drogas" liderada por Estados Unidos. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se ha sumado a las voces que denuncian un doble estándar por parte de Washington, al negociar con individuos y organizaciones que simultáneamente califica como terroristas.
Este debate no es nuevo. Desde la década de 1980, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) han recurrido a acuerdos de culpabilidad ("plea bargains") para obtener información valiosa en sus investigaciones. Casos como el de Rafael Caro Quintero, liberado en 2013 y reextraditado en 2022 tras la presión estadounidense, y el testimonio de Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2019, que reveló presuntos sobornos a funcionarios mexicanos beneficiando a fiscales de EE.UU., ilustran esta práctica.
Sin embargo, la designación del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como "organizaciones terroristas" por decreto en 2022 introduce una profunda contradicción ética y estratégica. ¿Cómo justificar negociaciones con entidades consideradas una amenaza a la seguridad nacional estadounidense?
Las tensiones se intensificaron recientemente con los casos de Dámaso López Serrano ("El Mini Lic") y Ovidio Guzmán López ("El Ratón"). López Serrano, exlíder del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable en California en 2017 y, según investigaciones de ProPublica, su colaboración al revelar rutas y cómplices le valió una reducción de su condena de 30 a tan solo 7 años.
El caso de Ovidio Guzmán, capturado en 2023, ha generado una controversia aún mayor. Documentos filtrados a Reuters sugieren un pacto con el Departamento de Justicia estadounidense para proteger a su familia, resultando en el traslado de 17 familiares a EE.UU. bajo protección federal. Funcionarios mexicanos han calificado esta acción como una "violación a la soberanía nacional", alegando falta de coordinación bilateral en estas negociaciones.
Sheinbaum ha sido enfática al señalar la incongruencia de negociar con quienes son considerados terroristas, contradiciendo el principio fundamental de no ceder ante este tipo de organizaciones. Expertos en seguridad como Jorge Chabat advierten que estas prácticas refuerzan la percepción de que "EE.UU. instrumentaliza el narcotráfico según su agenda política".
Las consecuencias geopolíticas de estas negociaciones unilaterales son significativas. Se ha generado una crisis de confianza entre México y Estados Unidos, exacerbada por la exclusión de las autoridades mexicanas en operativos clave como la captura de Ovidio Guzmán. Esta desconfianza podría afectar la cooperación en materia de extradiciones. Si bien México extraditó a 102 narcotraficantes en 2023, la prioridad de EE.UU. por obtener información a través de acuerdos podría llevarlos a negar futuras solicitudes de repatriación, argumentando un supuesto "riesgo de corrupción" en el sistema judicial mexicano.
@_Melchisedech
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