Otra amenaza a la libertad de expresión: El Caso de Laura Brugés
El pasado 27 de junio, la periodista Laura Brugés recibió una solicitud de información por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Esta solicitud, que exige la revelación de su fuente sobre una publicación en X (antes Twitter) que denunciaba el uso de recursos ilícitos ("acordeones") durante una elección judicial, ha generado una seria preocupación sobre la libertad de prensa en México.
La solicitud del INE se presenta en un contexto de creciente violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Recientemente, 45 organizaciones, 98 colectivos, y 434 mujeres periodistas y defensoras participaron en el foro "Protección pendiente en México", visibilizando los riesgos que enfrentan y presentando recomendaciones al Comité de la CEDAW. La solicitud a Brugés se interpreta por muchos como un intento de intimidación y un claro efecto inhibidor para el ejercicio periodístico.
La Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México (2020) protege explícitamente el derecho de los periodistas a mantener el secreto de sus fuentes. El Artículo 4 de esta ley establece claramente que la revelación de fuentes es inaceptable. La solicitud del INE, por lo tanto, parece violar esta ley y socavar los derechos fundamentales de los periodistas.
El argumento del INE, la necesidad de "elementos suficientes para la integración del expediente" en una investigación sobre posibles violaciones en el uso de recursos públicos, no justifica la violación del secreto profesional. Si bien la Unidad Técnica de Fiscalización utiliza las redes sociales como fuente de información, no puede hacerlo a costa de la libertad de expresión y el derecho a la información. La exigencia de revelar la fuente, junto con preguntas específicas sobre posibles funcionarios involucrados, sugiere una estrategia de intimidación más que una investigación legítima.
El caso de Laura Brugés no es un hecho aislado. Representa una amenaza a la libertad de prensa y el derecho a informar sin temor a represalias. Es crucial que las autoridades mexicanas respeten la ley y garanticen la protección de los periodistas, permitiéndoles realizar su trabajo sin ser objeto de intimidación o persecución. La impunidad en los crímenes contra periodistas solo exacerba la crisis y limita el acceso a la información, un pilar fundamental de una democracia sana. Se requiere una respuesta contundente de las autoridades y la sociedad civil para defender la libertad de prensa y garantizar la seguridad de quienes la ejercen.
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