• Opinión

• redaccion jr
• 25 marzo 2026

Hay reformas que se presentan como técnicas, pero en realidad son profundamente políticas.

El proyecto de dictamen que hoy se impulsó en San Lázaro bajo la bandera de la austeridad republicana no es un simple ajuste al gasto público ni una modernización administrativa del Estado. Es, en los hechos, una reconfiguración del equilibrio constitucional entre Federación, estados y municipios sin decirlo de frente.

El documento se titula Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución política de los estados unidos mexicanos con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato.

De este manifiesto —sólo por tildarlo económicamente— inicialmente diré que la narrativa de la 4T es impecable porque habla de eliminar privilegios, reducir sueldos y hacer más eficiente al gobierno.

Nadie en su sano juicio se opondría a eso, el problema no está en el discurso, sino en las letras chiquitas, ahí donde aparecen disonancias jurídicas, contradicciones normativas y, sobre todo, la intención política clara de centralizar decisiones, debilitar contrapesos y acotar la autonomía de los órdenes locales de gobierno.

El dictamen impacta directamente artículos clave de la Constitución: el 127 y 134 en materia de remuneraciones y gasto público; el 116 en cuanto a la autonomía de los poderes estatales; el 115 respecto a la integración de los ayuntamientos; y el 35 sobre mecanismos de democracia participativa.

En conjunto, no es una reforma aislada, es un rediseño del sistema federalista en 6 capas que, enseguida intentaré explicar lo mejor posible.

El primer foco rojo está en la reforma al artículo 134, se pretende reforzar el principio de austeridad prohibiendo seguros privados, cajas de ahorro especiales y otras prestaciones consideradas excesivas; hasta ahí, el argumento es políticamente rentable, pero jurídicamente es redundante y problemático, porque el artículo 127 ya establece límites claros a las remuneraciones de los servidores públicos, bajo criterios de proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad, es decir, el marco legal ya existe.

Al duplicar esa regulación en el 134, pero con un enfoque más rígido y prohibitivo, se genera una sobre regulación contradictoria al coexistir dos normas constitucionales regulando el mismo tema, con matices distintos, abren la puerta a interpretaciones discrecionales.

¿Qué prevalece, el principio general del 127 o la prohibición específica del 134? Esta ambigüedad no fortalece el sistema, lo vuelve vulnerable y contradictorio.

Además, se abre un frente jurídico de alto riesgo, la posible violación al principio de irretroactividad de la ley.

Muchos servidores públicos cuentan con prestaciones adquiridas bajo esquemas legales vigentes, su eliminación abrupta no solo es cuestionable, sino que puede derivar en una ola de amparos y controversias constitucionales. Es decir, una reforma diseñada para ahorrar podría terminar generando costos legales significativos a pesar de que ya sabemos que la Corte del Bienestar resolverá a favor siempre de quien los sostiene por la correa.

El segundo punto crítico —y el más político— es la regulación del gasto de los congresos estatales; el artículo 116 constitucional reconoce la autonomía de los estados en su régimen interior, lo que incluye la organización y funcionamiento de sus poderes. Los congresos locales tienen la facultad de definir su estructura, su presupuesto y su operación y es aquí donde la federación se extralimita al imponerse ante el principio de soberanía de las entidades de la República.

Sin embargo, al imponer criterios de austeridad obligatorios desde la Constitución federal, el dictamen invade esa esfera crea una centralización técnica.

Los congresos siguen siendo autónomos en teoría, pero en la práctica quedan sujetos a lineamientos definidos desde el gobierno federal, ¿Entonces?

Los estados son autónomos hasta que el gobierno federal decida hasta dónde.

Las implicaciones son profundas, un congreso con menos presupuesto no solo gasta menos; también tiene menos capacidad de fiscalización, menos asesores, menos herramientas para investigar y debatir, en el caso de Tlaxcala su presupuesto mermará en un 49%.

En términos reales, se debilita como contrapeso frente al Ejecutivo, en cualquier sistema democrático, debilitar al Poder Legislativo es concentrar poder.

Esto de por sí ya huele a corrupción. Porque desde el momento que el Congreso del Estado ya tiene limitada su operación al contar con un presupuesto ínfimo, estará sujeto a las prebendas y a la cooptación de su autonomía a cambio de ampliaciones presupuestales o dádivas personales a cada legislador desde el Ejecutivo para la aprobación desde cuentas públicas hasta legislaciones a modo que amplíen la capacidad centralista de poder en la entidad.

Dicho sin reservas, el Ejecutivo será el dueño de la correa del Legislativo que deberá obedecer las instrucciones a cabalidad.

La austeridad, en este punto, deja de ser una virtud administrativa y se convierte en un mecanismo de control político.

El tercer eje de disonancia está en la reforma al artículo 115, relativo a los municipios. El dictamen propone que la integración de los ayuntamientos —particularmente el número de regidores— pueda ajustarse en función de criterios poblacionales definidos por las leyes estatales. En apariencia, se trata de una medida de racionalidad, en el fondo, es una reducción de la representación política.

Menos regidores implica menos pluralidad, menos voces en el cabildo y mayor concentración de decisiones en el presidente municipal, pero en el caso de Tlaxcala, eso ya estaba previsto por Ley, así que no afecta en nada.

El municipio en el resto del país, que históricamente ha sido la base del sistema político mexicano, se convierte así en un espacio más controlado y menos representativo, y lo más preocupante, esta directriz tiene origen federal, lo que implica una influencia indirecta sobre la organización municipal.

Aquí la contradicción es evidente; mientras se promueve la democracia participativa en el discurso, se reducen los espacios de representación institucional en la práctica al predisponer la reducción de las regidurías en municipios mucho más grandes de los que hay en nuestra entidad tlaxcalteca.

El cuarto elemento problemático se ubica en la reforma al artículo 35 sobre revocación de mandato.

Aunque la figura ya existe, el dictamen la amplía sin establecer con claridad límites operativos ni salvaguardas suficientes, no define con precisión umbrales, condiciones ni mecanismos de control, da manga ancha al Ejecutivo de hacer campaña por sí y su partido con los recursos del Estado, incluyendo materiales, humanos y financieros, haciendo de la democracia una falacia ante la imposición de un esquema falso en el que la oposición será de “chocolate” en las elecciones de 2027.

El riesgo es convertir un instrumento democrático en una herramienta de presión política permanente, sin reglas claras, la revocación puede dejar de ser un mecanismo excepcional para convertirse en un instrumento de desgaste, generando inestabilidad en los gobiernos locales y estatales para beneficiar sólo a un partido: Morena.

A todo esto se suma un problema transversal que agrava el escenario: la deficiente técnica legislativa.

El dictamen presenta reformas parciales, omisiones y falta de armonización entre artículos, está hecha sobre las rodillas pues; se modifican fragmentos sin integrar el sistema completo, generando posibles lagunas y contradicciones normativas.

En términos jurídicos, es una reforma incompleta; en términos políticos, es una reforma riesgosa.

Pero más allá de los tecnicismos, la lectura de fondo es clara, esta es una reforma es parte de una lógica de poder.

Una lógica que busca fortalecer al centro, reducir la autonomía de los estados y limitar la capacidad de los municipios. No elimina el federalismo, pero lo condiciona. No desaparece los contrapesos, pero los debilita aún más.

La austeridad, en este contexto, funciona como coartada, porque es un discurso incuestionable, nadie quiere defender privilegios, pero cuando esa narrativa se utiliza para recortar capacidades institucionales, acotar la representación política y someter a los poderes locales a criterios centralizados, entonces ya no estamos frente a una política de ahorro. Estamos frente a una estrategia de control.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿se busca un Estado más eficiente o un poder más concentrado?

Porque con este Plan B, los congresos locales pierden autonomía, los municipios pierden representación y las reglas del juego se dictan desde una sola silla, lo que está en juego no es el presupuesto público, es el equilibrio constitucionalista que es la columna vertebral que sostiene o sostenía la democracia de este país.

Y ese, en la historia política de México, nunca ha sido un tema menor.

No nos engañemos ni pequemos de inocentes, aquí no se está discutiendo la eficiencia en el gasto ni la austeridad, el plan que está en marcha es un rediseño del poder en capas, perfectamente estructurado, donde cada decisión tiene un propósito político que va más allá del discurso del ahorro.

Primera capa: El dinero.

Sí, el objetivo inmediato es liberar recursos, pero no en abstracto, sino con dirección clara; al imponer límites al gasto en estados, congresos y municipios, se reduce su margen de maniobra financiera pero aumenta la del gobierno federal.

No es que ese dinero “suba” automáticamente a la Federación, pero sí se crea un entorno donde el gasto local se contrae mientras el gasto federal —particularmente en programas sociales— se vuelve el eje central y se incrementa; es un reacomodo del flujo económico del poder; menos dinero abajo, más control arriba. —Capich?—

Segunda capa: Los programas sociales como instrumento político.

Aquí está una de las claves más importantes, los programas sociales federales no solo atienden necesidades; también construyen dependencia política directa al centralizar su operación, el gobierno federal elimina intermediarios locales como actualmente sucede con gobiernos estatales, alcaldes y estructuras territoriales tradicionales.

El mensaje es simple, el apoyo viene del centro, no de lo local, eso genera dependencia, control político y lealtad directa hacia la federación. No es nuevo, pero sí más sistemático que nunca, como en Venezuela o Cuba.

Tercera capa: El debilitamiento de contrapesos.

Cuando recortas presupuesto a congresos estatales, no solo reduces gasto, reduces capacidad.

Menos asesores técnicos, menos operación, menos fiscalización; un Poder Legislativo local debilitado es un contrapeso menos incómodo.

Lo mismo ocurre con los municipios (Tlaxcala es ejemplo de ello, pero no se debe a una operación política, sino más bien a una legislación previa), menos regidores, menos pluralidad, menos voces que cuestionen.

La austeridad, en este nivel, deja de ser una política administrativa y se convierte en una herramienta para reducir la fricción política; menos actores fuertes, menos resistencia.

Cuarta capa: Control territorial.

El poder en México no solo se ejerce desde el escritorio, se construye en territorio. Y el territorio se controla con estructura, recursos y presencia.

Al limitar la capacidad operativa de estados y municipios, se vacían espacios que luego son ocupados por programas y operadores federales.

Es una sustitución silenciosa, porque donde antes había gestión local, ahora hay presencia central; donde antes había intermediación política, ahora hay relación directa con el gobierno federal.

¿Ya para qué se necesitarán a los gobiernos estatales, a los congresos y a los municipios? Regresamos a la época del viejo PRI de los 70´s para invocar la frase “papá gobierno”.

Quinta capa: Narrativa y legitimidad.

Todo esto se sostiene sobre un discurso incuestionable: La austeridad. Nadie puede salir a defender privilegios sin pagar un costo político; esa es la fuerza de la narrativa.

Funciona como blindaje porque permite avanzar reformas profundas sin una resistencia social significativa. Porque el debate se queda en la superficie —el ahorro, los excesos— y no baja al fondo real que es la redistribución del poder.

Sexta capa: Centralización estructural.

Cuando juntas todo, el resultado es claro; no se elimina el federalismo en las entidades de la República, pero se condiciona. No se desaparecen los gobiernos locales, pero se subordinan. No se cancela la pluralidad, pero se reduce.

Es un modelo donde el centro no solo coordina, sino que define, controla y ejecuta rumbo al exterminio de cualquier oposición o disonancia política que ose disputar el poder público.

Y ahí es donde la austeridad deja de ser virtud republicana y se convierte en coartada política, porque lo que realmente está en juego no es cuánto se gasta, sino quién decide el rumbo del presupuesto, la distribución del poder en provincia y los presupuestos en todos los niveles.

Y en este diseño, cada peso que se recorta abajo y cada programa que se concentra arriba apuntan en dirección de un poder más vertical, más concentrado y menos equilibrado.

La pregunta no es si el gobierno debe ser austero. La pregunta es si esa austeridad está sirviendo para construir un Estado más eficiente… o un sistema político más controlado. La respuesta creo es más que obvia,sea dicho una vez más Sin Reservas.

Porque cuando el dinero, la operación territorial y las decisiones estratégicas dependen de una sola persona, ya no estamos frente a una reforma administrativa. Estamos frente a una reconfiguración del poder cada vez más autoritario y unipersonal.

Y esa, históricamente en México, nunca ha sido inocente ni beneficiosa de manera contemporánea para otros países como Venezuela, Cuba; ni tampoco históricamente para otros como la extinta URSS, Alemania Oriental, Yugoslavia o Corea del Norte.

Países como Suecia, Noruega o China, han entendido que el socialismo no sirve sin una estrategia de mercado, que la economía socialista sólo sirve si hay producción y competencia, no abusando de un presupuesto limitado que decrece la riqueza de cualquier país a pasos agigantados sin un equilibrio ponderado en su economía.

Llevamos 7 años de borrachera del gobierno federal, falta la cruda y después de la mona, vendrá el despertar de este país, sólo esperemos que nos demos cuenta todos hacia el precipicio hacia el que nos conducen para meter el freno hasta el fondo.