Profesionalizar el periodismo para dejar de justificar la ignorancia
Profesionalizar el periodismo para dejar de justificar la ignorancia
Hay una anomalía profundamente arraigada en la vida pública mexicana que durante décadas ha pasado inadvertida porque se volvió costumbre y las costumbres, cuando permanecen demasiado tiempo, suelen confundirse con normalidad.
El país exige médicos certificados para intervenir un cuerpo humano, ingenieros para calcular estructuras, abogados para representar derechos y contadores para administrar patrimonios; sin embargo, cuando se trata de una actividad que informa, interpreta y moldea la comprensión colectiva de la realidad, de pronto aparecen quienes sostienen que la preparación profesional resulta secundaria y que bastan una cámara, un teléfono celular, una cuenta en redes sociales y una voluntad inquebrantable de hablar para autoproclamarse periodista.
Lo mismo aplica para los que usan micrófonos prestados para escupir cotidianamente una sarta de tonterías de cualquier tema sin ton ni son, como si la vida pública se tratara de chismes de vecindad, a nivel de molino o de lavadero.
La paradoja no es menor porque la información ocupa hoy un espacio de enorme impacto social. Las sociedades contemporáneas toman decisiones políticas, económicas y personales a partir de aquello que conocen o creen conocer.
Se vota con información, se protesta con información, se invierte con información, se construyen reputaciones mediante información y también se destruyen vidas enteras por información falsa o manipulada.
Resulta extraño entonces que una actividad con semejante nivel de influencia continúe desarrollándose bajo un esquema donde la improvisación todavía pretende ser presentada como una virtud y donde el desconocimiento técnico parece convertirse para algunos en una especie de certificado moral.
Conste que no estoy hablando de un caso en específico, pero si lo hiciera, hablaría del fallecimiento de 2 jóvenes que fueron arrollados por una empleada del C5i de Tlaxcala, en el que el linchamiento mediático se enfoca en todo, menos en lo técnico del asunto y exigen la crucifixión y tortura de por vida a quien presuntamente, bajos los influjos del alcohol, cometió un homicidio culposo, que no doloso, de acuerdo a la reclasificación del delito por una jueza de los acordeones (según refutan los sesudos opinadores locales).
Dicho en palabras que mis feligreses y detractores entiendan la diferencia entre el primero y el segundo es que el primero es por pendejo y el otro por culero —Disculparán ustedes mi francés—.
En los últimos años se instaló una peligrosa romantización del periodista improvisado, una narrativa casi folclórica que celebra al personaje que presume carecer de formación, método o academia porque considera que la estridencia sustituye al conocimiento y que la ocurrencia compensa la ausencia de rigor.
Detrás de esa imagen aparentemente inofensiva se esconde una de las deformaciones intelectuales más perjudiciales para el ecosistema informativo en el que ahora es más valioso contar con “seguidores” que ofrecer calidad informativa.
La ignorancia dejó de asumirse como una carencia y comenzó a presentarse como identidad —Ya no sabemos si es peor la ignorancia de estos entes o de quienes los reconocen como periodistas—.
El problema no radica únicamente en la falta de estudios universitarios, porque la academia por sí misma jamás garantizó inteligencia ni ética profesional —Hay ex voceros que tienen mucha historia sucia detrás—.
El problema aparece cuando la ausencia de formación se convierte deliberadamente en una bandera y cuando cualquier intento de elevar estándares es interpretado como un ataque personal o hasta gremial, porque es más cómodo presumir cientos de agremiados a ofrecer profesionalismo gremial.
Allí comienza una especie de resistencia irracional contra cualquier esfuerzo de ordenamiento profesional y contra cualquier discusión que pretenda distinguir entre libertad de expresión y ejercicio especializado del periodismo.
La discusión ha sido contaminada durante años por una confusión interesada; se mezclan conceptos distintos como si fueran equivalentes y se repite hasta el cansancio la idea de que regular una profesión equivale automáticamente a censurar voces (ridículos).
El argumento luce atractivo para quien busca simplificar el debate, pero se derrumba apenas se observa con un mínimo de rigor jurídico.
Les explico —Aunque se enojen y me anden viendo feo, como si me importara—, la libertad de expresión pertenece a todos y se encuentra garantizada por la Constitución. El derecho a expresar ideas, opiniones o incluso disparates no depende de títulos, colegios ni acreditaciones. Nadie necesita autorización para hablar.
El periodismo, en cambio, pertenece a otra categoría, se trata de una actividad profesional que exige procedimientos, conocimientos, técnicas, responsabilidades y consecuencias.
La propia definición académica identifica al periodismo como una actividad profesional dedicada a la obtención, tratamiento e interpretación de información.
No se trata simplemente de hablar frente a un micrófono ni de transmitir emociones personales con apariencia de noticia.
Implica verificar, contrastar, contextualizar y comprender fenómenos complejos cuya interpretación afecta directamente a terceros.
El problema es que México construyó un ecosistema donde el vacío institucional permitió borrar esa diferencia y donde la ausencia de reglas terminó beneficiando a quienes encontraron en el desorden una forma de supervivencia o su derecho a la extorsión.
Aparecieron personajes cuya actividad principal dejó de ser informar para convertirse en intermediarios políticos, gestores informales o simples comerciantes de influencia.
La ausencia de filtros produjo un escenario donde el periodismo serio comenzó a compartir espacio con influencers de redes sociales, operadores, chantajistas y oportunistas que aprendieron a utilizar la estética periodística como instrumento de presión o de rentabilidad política.
Esa realidad explica por qué la discusión sobre las leyes de profesiones dejó de ser un asunto exclusivamente jurídico para convertirse en un tema de interés público.
En Tlaxcala existe una Ley de Profesiones publicada desde el 5 de marzo de 1986 que continúa sin reglamento operativo casi cuarenta años después.
La omisión parece administrativa, pero sus consecuencias son mucho más profundas. Una ley sin reglamento funciona como una estructura sin mecanismos reales de ejecución y una profesión sin instrumentos institucionales de vigilancia termina convirtiéndose en terreno fértil para la simulación y finalmente es letra muerta.
Mientras Tlaxcala como en muchas otras entidades de la República permanecen atrapadas en ese limbo normativo, otras pocas entidades comprendieron hace años que el ejercicio profesional requiere estructuras operativas claras.
Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Coahuila y Yucatán cuentan con marcos regulatorios y mecanismos específicos para ordenar el ejercicio profesional en múltiples áreas.
La diferencia no consiste únicamente en la existencia de normas, la diferencia radica en haber entendido que las profesiones de alto impacto social necesitan reglas institucionales porque el conocimiento y la responsabilidad también son asuntos de interés colectivo.
El periodismo ya no puede seguir refugiándose en dogmas románticos heredados del siglo pasado, la realidad tecnológica modificó por completo el ecosistema de información y la proliferación exponencial de plataformas digitales convirtió la verificación, el análisis y el criterio profesional en necesidades todavía más urgentes.
La sobreabundancia de voces no resolvió el problema de la información; por el contrario, multiplicó la necesidad de distinguir entre quien investiga y quien improvisa, entre quien informa y quien únicamente ocupa espacio para sobrevivir a través de “apoyos” de la clase política.
Cuando la ignorancia termina sustituyendo al criterio profesional, la primera víctima deja de ser el periodismo. La primera víctima siempre será la sociedad.
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Alejandro Aguilar Gómez, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano, es periodista y empresario de medios con más de tres décadas de trayectoria. Fundador y CEO de Grupo Monitor, dueña de los portales de noticias Monitor Xpress y MX en la Noticia. Ha sido jefe de información en prensa escrita, director de noticiarios radiofónicos. Es Presidente Fundador del Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. y ha recibido 2 Doctorados Honoris Causa por su contribución al periodismo en México (UDS Global University campus Nuevo León y Colegio de Periodistas de Tamaulipas). Reconocido especialista en comunicación estratégica, marketing político y gestión de crisis, combina la praxis periodística con la consultoría política y la innovación en tecnologías de opinión pública. Certificado como Director de Comunicaciones StratCom 2026 campus Miami, Flo.
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