¿Quién carajos administra la SIA?
La historia de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) ya no se reduce a los problemas de conducción de Haide Gisela Lucero Zepeda ni a la influencia que desde hace tiempo se atribuye a Antonio Velázquez.
Lo que aparece hoy es algo más delicado, una red de personas que, según señalamientos provenientes del interior de la propia dependencia, de comisariados ejidales, de comuneros y hasta de proveedores, hay más de una decena de personas que no forman parte de manera formal de la estructura de la SIA y, aun así, estarían interviniendo en asuntos que corresponden directamente a funcionarios con nombramiento.
Pero seamos honestos, Gisela Lucero no trabaja para el gobierno del estado ni responde a la gobernadora del estado, responde a sus propios intereses políticos y económicos, está creando una estructura política que sólo le responderá a ella y que podrá utilizar para apoyar a Ana Lilia Rivera o Alfonso Sánchez García, dependiendo a quien le convenga.
En la entrega anterior advertí que el verdadero asunto no era la existencia de operadores políticos, porque en cualquier gobierno los hay.
El problema aquí, en esta Secretaría comienza cuando esos operadores ajenos a la dependencia dejan de ser acompañantes, asesores o enlaces y empiezan a ejercer facultades que corresponden a servidores públicos.
En ese momento ya no estamos hablando de relaciones personales, sino de una estructura paralela de poder que usurpa funciones, que condiciona a los servidores públicos, que les grita, insulta y amenaza.
Y para acabarla de fregar, ya tenemos nombres de quienes conforman esa estructura paralela.
Gerardo Velázquez Flores, relacionado con el priista Noé Parada Matamoros y señalado dentro de esta dinámica de operación en áreas como la Dirección Agrícola y Ganadería y Desarrollo Rural, dejando en segundo plano al titular, Alfonso Sánchez Manzanilla, quien es constantemente bocabajeado, insultado y soslayado.
También aparece Arianna Bautista Cortez, identificada como persona cercana a Antonio Velázquez y vinculada directamente con la titular de la Secretaría, al grado de que se le atribuye representación ante organizaciones, liderazgos y campesinos cuando la secretaria no estaría atendiendo personalmente esos encuentros porque “le caga” que se le pongan al tu por tú los comisariados ejidales y los p#$$ campesinos.
Después aparecen Javier Alberto Ramírez Rocha y Juan Alberto Ramírez Flores, además de Lázaro Báez Bárcenas, señalado como proveedor cercano a la titular y cuya presencia adquiere particular relevancia porque, de acuerdo con los mensajes de denuncia que sustentan esta información, tendría participación en asuntos que corresponden a la operación de la Dirección Agrícola, incluso en la relación con productores y proveedores.
Un proveedor haciendo funciones que corresponden a un área administrativa sería, por sí mismo, un asunto que tendría que revisarse con lupa y en el que deberían fincarse responsabilidades de índole penal a nivel de peculado, malversación de fondos, usurpación de funciones y las que deriven.
Pero la lista no termina ahí.
También aparece Ericka María Hernández Jiménez, identificada como segunda particular de la secretaria y a quien se atribuye capacidad para dar órdenes a personal de la dependencia.
Es decir, no solamente se habla de personas cercanas a la titular, sino de una serie de individuos que estarían violentando espacios de influencia alrededor de las áreas sustantivas de la Secretaría.
Lo verdaderamente delicado es que los señalamientos describen una mecánica bastante concreta, personas que no aparecen dentro de la estructura formal interviniendo en documentos, revisando autorizaciones, tratando directamente con productores y utilizando a responsables de las áreas para formalizar mediante sus firmas decisiones que, según la denuncia, se estarían procesando fuera de los canales institucionales.
Ahí es donde la cosa deja de ser un asunto de pasillos y se convierte en un llamado urgente a la Gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros.
Una Secretaría de Estado tiene una estructura por una razón. El secretario o secretaria encabeza, los subsecretarios coordinan, los directores ejecutan, los jefes de departamento operan y los responsables de programas atienden asuntos específicos, cada uno tiene atribuciones y cada uno responde por sus actos.
El organigrama no es un dibujo para guardarlo en un cajón, es la representación de una cadena de mando que evidentemente, en la SIA, es letra muerta.
Cuando esa cadena se rompe y empieza a funcionar otra por debajo, el resultado inevitable es el desorden, la corrupción y la malversación de recursos.
Y eso está ocurriendo en la SIA desde febrero pasado.
Los mensajes que sustentan esta información hablan de personas que no se encuentran dentro del organigrama pero que participan en la revisión y autorización de documentos, mientras los responsables formales de las áreas terminan siendo utilizados y condicionados para firmar.
Esa dinámica, sería particularmente grave porque permitiría que quien toma una decisión no necesariamente sea quien aparece como responsable de ella.
Es una fórmula bastante cómoda para cualquiera que quiera ejercer poder sin asumir el costo administrativo del poder.
El funcionario tiene el nombramiento.
El funcionario tiene que firmar.
El funcionario tiene que responder.
El operador solamente tiene que ordenar.
Y cuando la decisión funciona, sale Gisela Lucero para tomarse la fotografía y decir que el apoyo fue gestionado personalmente por ella y que será ella quien les indique en su momento a que proyecto político se apoyará para el 2027.
Si algo llega a salir mal, el que va a aparecer como chivo expiatorio será el funcionario que estampó la firma. Así se construyen las burocracias paralelas para patrocinar a quien convenga a la titular que ya se manda sola como si de un feudo se tratase.
En la SIA, además, esto ocurre en un momento especialmente complicado para la dependencia, la columna anterior ya señalaba el rezago en el ejercicio presupuestal, las dificultades de interlocución con organizaciones campesinas, las tensiones con trabajadores y las versiones sobre una operación política que estaría desplazando la función sustantiva de la Secretaría.
Ahora aparece otro elemento que ayuda a entender ese deterioro, la existencia de una red informal de personas alrededor de la titular, con diferentes niveles de cercanía e influencia y con presencia en áreas donde deberían operar exclusivamente los funcionarios responsables.
Resulta especialmente incómodo que, mientras productores y organizaciones campesinas enfrentan dificultades para encontrar atención institucional con recursos que ahí están, personas que formalmente no forman parte de la dependencia aparezcan con capacidad de interlocución y movimiento dentro de ella para condicionarlos, racionarlos y entregarlos a cuentagotas para que obedezcan a la “dadivosa” titular de la SIA.
Al productor no le importa saber quién es el amigo de la secretaria, necesita saber quién puede autorizar su apoyo.
No necesita conocer al operador político, necesita que el funcionario responsable le resuelva, tal y como lo ha instruido una y otra vez la Gobernadora.
El agroproductor no necesita una fotografía con la titular de la SIA, necesita que el programa funcione.
Y esa es precisamente la parte que parece haberse perdido en esa dependencia, la institución comienza a quedar subordinada a las relaciones personales de alguien ajeno al gobierno.
El asunto también toca directamente a Antonio Velázquez.
En la columna anterior señalé que su presencia dentro de la Secretaría no parecía corresponder simplemente a la de un colaborador o aliado político, sino a la de un actor con capacidad para incidir en decisiones y movimientos internos.
Ahora aparecen alrededor suyo nombres de personas que, de acuerdo con los señalamientos, tendrían participación en diferentes niveles de la operación.
Y entonces la imagen comienza a completarse, Antonio Velázquez por un lado, Noé Parada por otro y personas cercanas a la titular como proveedores, enlaces, representantes, operadores y, en medio de todos ellos, una Secretaría que debería tener una sola cadena de mando.
Si algo ha quedado claro con esta nueva información es que el problema de la SIA no parece ser únicamente quién ocupa la oficina principal.
El problema es quién está tomando las decisiones cuando la puerta de esa oficina se cierra.
Y si los señalamientos internos terminan acreditándose, la respuesta sería bastante más incómoda de lo que cualquiera quisiera reconocer: la Secretaría tiene una estructura formal en el papel y otra estructura de poder en la práctica.
Lo mismo responde a intereses facciosos, que económicos y políticos y quien pierde, nuevamente es la gobernadora y el campo tlaxcalteca.
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Alejandro Aguilar Gómez, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano, es periodista y empresario de medios con más de tres décadas de trayectoria. Fundador y CEO de Grupo Monitor, dueña de los portales de noticias Monitor Xpress y MX en la Noticia. Ha sido jefe de información en prensa escrita, director de noticiarios radiofónicos. Es Presidente Fundador del Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. y ha recibido 2 Doctorados Honoris Causa por su contribución al periodismo en México (UDS Global University campus Nuevo León y Colegio de Periodistas de Tamaulipas). Reconocido especialista en comunicación estratégica, marketing político y gestión de crisis, combina la praxis periodística con la consultoría política y la innovación en tecnologías de opinión pública. Certificado como Director de Comunicaciones StratCom 2026 campus Miami, Flo.
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