Reforma a la ley de ciberseguridad en puebla: ¿protección o amenaza a la libertad de expresión?
Por Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo
Puebla, México - La propuesta de reforma al Código Penal de Puebla, que busca tipificar nuevos delitos digitales como ciberasedio, ciberacoso y suplantación de identidad, ha encendido el debate público en el estado. Mientras el gobierno estatal y federal, con el respaldo explícito de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, defienden la medida como un escudo protector para la ciudadanía, especialmente para menores y mujeres, organizaciones civiles y periodistas alzan la voz, alertando sobre el riesgo de censura y la criminalización de la crítica. El nudo gordiano del conflicto reside en la ambigüedad de los términos legales propuestos y la delicada balanza entre la seguridad en línea y los derechos fundamentales.
Sheinbaum y el Parlamento Abierto: Un Respaldo con Reservas. Durante su conferencia matutina del 18 de junio, la virtual presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la iniciativa del gobernador Alejandro Armenta de convocar a un "parlamento abierto" para discutir la reforma. Sheinbaum destacó la importancia de estos foros, organizados por el Congreso de Puebla, como un espacio crucial para que la ciudadanía exprese sus inquietudes y proponga modificaciones. "El gobierno está comprometido con la libertad de expresión. No apoyamos la censura, pero tampoco el discurso de odio", afirmó.
Este pronunciamiento busca legitimar la reforma a través de la participación social, si bien persisten dudas sobre si las modificaciones resultantes serán sustanciales o meramente cosméticas, dejando intactas las preocupaciones fundamentales de la sociedad civil.
La Reforma en Detalle: Penas y Preocupaciones. La propuesta de reforma incluye penas significativas para los nuevos delitos digitales. En el caso del ciberasedio, se plantean hasta 3 años de prisión y multas de hasta 300 días de salario mínimo para quienes "insulten, ofendan o acosen de manera reiterada en redes sociales". Otros delitos como el ciberacoso, la suplantación de identidad y el ciberespionaje conllevan sanciones similares. La justificación oficial es clara: proteger a las víctimas de violencia digital, con un énfasis particular en la salvaguarda de menores y mujeres.
Sin embargo, los riesgos señalados por organizaciones y expertos son considerables. La ambigüedad legal es una de las principales objeciones; términos como "insistencia necesaria" para tipificar el ciberasedio son considerados excesivamente vagos, abriendo la puerta a la criminalización de opiniones legítimas o comentarios críticos. Colectivos como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla han alertado que la ley, tal como está redactada, podría convertirse en una herramienta para silenciar a críticos del gobierno o para obstaculizar investigaciones periodísticas. El efecto inhibidor o autocensura por temor a represalias legales es una de las consecuencias más temidas.
Laura Artemisa, presidenta de la Junta de Gobierno estatal, ha salido en defensa de la reforma, asegurando que "no se limitará la libertad de expresión, pero no podemos permitir que las redes sean un espacio de impunidad". Esta postura oficial intenta disipar los temores, pero no ha logrado calmar a la sociedad civil.
El Parlamento Abierto: ¿Solución o Simulacro? Los foros anunciados por el Congreso de Puebla prometen contar con la participación de un amplio espectro de actores, incluyendo expertos en derechos digitales, académicos, representantes de la sociedad civil, periodistas y padres de familia. Los temas clave a discutir serán cruciales para el destino de la reforma.
@_Melchisedech
Comentarios