TLX27: La transformación que se disputa a puerta cerrada
Por: Roberto Nuñez Baleon.
Por si alguien todavía tenía dudas, la disputa por el poder en Tlaxcala ya dejó de ser una simple competencia interna. Es, cada vez más, un examen de congruencia para Morena. La frase «no mentir, no robar y no traicionar» suena distinta cuando se pronuncia desde el gobierno que cuando se utilizaba para cuestionar a los gobiernos de otros tiempos.
Hoy, en Tlaxcala, esa consigna enfrenta una prueba incómoda: saber si los principios de la llamada Cuarta Transformación sobreviven cuando están en juego candidaturas, estructuras territoriales, grupos de poder y sucesiones políticas.
El proceso para definir la Coordinación de Defensa de la Transformación ha puesto sobre la mesa algo más profundo que una disputa entre aspirantes. Ha exhibido la tensión entre las dirigencias nacionales, el poder político local y una militancia que reclama que Morena no termine reproduciendo aquello que durante años combatió.
Padrinazgos incómodos y las sombras del pasado
El respaldo abierto de Adán Augusto López a las aspiraciones de Alfonso Sánchez García —exsecretario de Infraestructura y alcalde con licencia de la capital— añade una dimensión de riesgo para el movimiento en la entidad. El exsecretario de Gobernación y legislador no llega con las manos limpias de controversia mediática; la persistencia de los señalamientos que lo relacionan a estructuras como la llamada La Barredora en Tabasco proyecta un pasivo reputacional que amenaza con salpicar la contienda local.
Insistir en la imposición de un abanderado mediante padrinos políticos con tales activos negativos resulta no solo tácticamente desatinado, sino estratégicamente peligroso. Para el electorado, el aval de figuras nacionales envueltas en investigaciones de seguridad transforma un proceso de selección interna en un flanco abierto para la sospecha y el cuestionamiento ético.
A la interferencia de los liderazgos nacionales se suma el operativo local. Las denuncias que señalan el uso de las instalaciones oficiales incluyendo la Casa de Gobierno como centro de mando proselitista, acompañadas de la filtración de audios sobre la movilización de delegados del Bienestar, el entorno familiar gubernamental y funcionarios públicos, dibujan las formas del régimen que Morena prometió desmantelar.
Pretender que la sucesión sea un trámite familiar apadrinado desde el Ejecutivo es la antítesis de la democracia participativa que la 4T enarbola en sus estatutos.
El dilema de la dirigencia nacional: ¿Congruencia o complicidad?
Frente a este escenario, la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel no puede refugiarse en la neutralidad pasiva. Validar una candidatura manchada por la sospecha y el abuso del presupuesto público significaría entregar la marca del partido al descontento social y al castigo en las urnas.
La contradicción se vuelve más evidente al observar las alternativas. En el abanico de aspirantes destaca la presencia de la senadora Ana Lilia Rivera, expresidenta de la Mesa Directiva del Senado, cuya trayectoria en la izquierda se remonta a la fundación del partido y a causas de activismo campesino y de derechos humanos. Presentar un perfil de trayectoria probada, libre de expedientes judiciales y ligada de origen al movimiento, expone el riesgo que corre el partido si decide optar por la línea de la imposición.
El costo de la imposición
Si la dirigencia nacional ignora el dispendio de la gubernatura y el tufo de los acuerdos cupulares, la contienda en Tlaxcala dejará de ser una fiesta democrática para convertirse en la escenificación de un dedazo institucional. En ese escenario, el castigo no vendrá solo de las impugnaciones ante los tribunales, sino de una ciudadanía que sabrá diferenciar entre quienes fundaron el movimiento por convicción y quienes pretenden heredarlo por decreto.
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