Nativitas acusa maniobra para beneficiar a municipio gobernado por Morena
Una nueva controversia política amenaza con encender los ánimos en Tlaxcala. El Ayuntamiento de Nativitas denunció que en el Congreso del Estado se encuentra en marcha un procedimiento que podría arrebatarle cerca de 49 hectáreas de territorio para incorporarlas al municipio de Tetlatlahuca, en un proceso que autoridades municipales califican como opaco y carente de sustento histórico.
Detrás del caso aparece la Comisión de Asuntos Municipales de la LXV Legislatura, presidida por la diputada morenista Sandra Aguilar Vega, instancia que desde principios de año analiza una solicitud promovida por el Ayuntamiento de Tetlatlahuca para modificar los límites territoriales entre ambos municipios.
La situación ha generado preocupación en Nativitas, donde el alcalde Óscar Murias Juárez sostiene que la medida representaría un precedente grave para la autonomía municipal y para la certeza jurídica de los límites territoriales establecidos durante décadas.
Lo que más inquieta a las autoridades municipales es que la discusión avanza sin que exista información pública suficiente sobre los criterios técnicos, históricos o jurídicos que justificarían la modificación territorial.
La superficie en disputa incluye parte de la histórica ex hacienda de Santa Águeda, una zona que desde principios del siglo pasado ha sido reconocida como perteneciente a Nativitas y que forma parte de la identidad territorial del municipio.
Ante ello, el gobierno municipal ingresó formalmente un recurso de inconformidad al Congreso del Estado, argumentando que el Poder Legislativo estaría rebasando el espíritu de las facultades que le otorga la Constitución local en materia de delimitación territorial.
Sin embargo, el trasfondo del conflicto parece ir más allá de un simple ajuste cartográfico.
Mientras Nativitas es gobernado por el Partido Alianza Ciudadana (PAC), Tetlatlahuca se encuentra bajo administración de Morena, lo que ha provocado que diversos actores políticos comiencen a cuestionar si la redefinición territorial responde realmente a razones técnicas o a intereses políticos.
La pregunta que empieza a tomar fuerza en los círculos políticos es inevitable: ¿se trata de una actualización de límites o de una operación para fortalecer territorialmente a un municipio gobernado por el partido en el poder?
La respuesta podría definir no solamente el futuro de 49 hectáreas, sino la credibilidad del Congreso del Estado frente a uno de los conflictos territoriales más delicados de los últimos años.
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