Regidores usan la mentira como arma política en Lázaro Cárdenas
Regidores fabrican un conflicto político sin pruebas y violentan la legalidad municipal en Lázaro Cárdenas.
El conflicto político impulsado por los regidores del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas contra la presidenta municipal Elena Macías Díaz carece, hasta ahora, de sustento técnico, documental y legal, y se mantiene exclusivamente en el terreno mediático, en abierta contradicción con las responsabilidades que la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala impone a los integrantes del Cabildo.
Las acusaciones difundidas públicamente contra la alcaldesa no han sido acompañadas de documentos verificables, dictámenes técnicos, balances presupuestales ni procedimientos formales que permitan acreditar presuntas irregularidades administrativas. Esta omisión no es menor: la legislación municipal establece que cualquier señalamiento sobre el manejo de recursos públicos debe canalizarse mediante los órganos competentes, como la Contraloría Municipal o el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), y no a través de declaraciones mediáticas sin respaldo.
De acuerdo con el marco legal vigente, los regidores tienen la obligación de vigilar, analizar, proponer y, en su caso, denunciar formalmente cualquier irregularidad detectada en la administración municipal. La ley no contempla el linchamiento mediático como mecanismo de fiscalización. Por el contrario, exige que los señalamientos se presenten por escrito, con pruebas y mediante los cauces institucionales, precisamente para evitar abusos de poder y confrontaciones políticas sin fundamento.
En este contexto, resulta relevante señalar que las observaciones administrativas detectadas en auditorías públicas se encuentran en proceso de corrección, conforme a los plazos y procedimientos legales, sin que exista resolución firme que acredite daño patrimonial, desvío de recursos o responsabilidad administrativa alguna por parte de la presidenta municipal.
Paradójicamente, mientras los regidores acusan una supuesta violencia política, la conducta que encuadra en este concepto es la que ellos mismos ejercen al desacreditar sistemáticamente a la presidenta municipal sin pruebas, obstaculizar su gestión y generar un ambiente de hostigamiento político con efectos públicos y personales. Existen, además, elementos documentales y testimoniales que permiten acreditar este patrón de acoso, mismos que pueden ser presentados ante las instancias legales correspondientes.
La disputa, por ahora, no ha trascendido del discurso y la confrontación mediática. No existen denuncias formales ante la Contraloría, el OFS o autoridades jurisdiccionales que respalden las versiones difundidas. En cambio, lo que sí se configura es un incumplimiento de las obligaciones institucionales de los regidores, quienes, lejos de actuar conforme a la ley, han optado por la presión política y la desinformación como estrategia de confrontación.
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